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Director de Defensoría de Michoacán, acusado acoso y castigos laborales, y discriminación de género

Director de Defensoría de Michoacán ordena cambios adscripción y sobrecarga de trabajo para presionar renuncias, principalmente de mujeres

Benjamín Álvarez

Morelia, Michoacán.— Una defensora pública con 17 años de antigüedad en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán denunció una cadena de presiones institucionales, actos de violencia laboral y un patrón de decisiones que, asegura, evidencian discriminación de género desde la dirección del organismo, encabezada por Felipe Morales Correa, con el objetivo de forzarla a renunciar.

De acuerdo con su testimonio, el conflicto comenzó a finales de 2025, cuando solicitó una licencia sin goce de sueldo para incorporarse de manera temporal al Instituto Federal de la Defensoría Pública.

“Yo el 5 de noviembre me acerco a hablar con el director y le comento que tenía una oferta laboral; esperaba que me autorizara una licencia sin goce de sueldo”, relató, sin embargo, la respuesta fue negativa.

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Explicó que el director le argumentó que existían “instrucciones del gobernador” para no conceder licencias, pese a que ella tenía conocimiento de casos recientes en los que sí se habían autorizado.

Al mostrarle un documento que acreditaba la licencia otorgada a un compañero, la reacción fue de confrontación directa.

“Me empezó a levantar la voz y me empezó a decir que por qué yo tenía ese tipo de información que es confidencial”, narró, aunque precisó que la información fue obtenida mediante solicitudes de transparencia.

Tras ese suceso, la presión se intensificó, pues explicó: “Me decía que renunciara, que si yo me quería ir tenía que renunciar”.

El 6 de noviembre presentó formalmente su solicitud de licencia, pero aseguró que la respuesta fue retenida de manera deliberada.

“Alargó todo el mes para que yo no tuviera conocimiento de que me iba a negar la licencia”, acusó.

La notificación llegó hasta finales de noviembre, cuando el permiso ya no era viable en los tiempos solicitados.

A partir de ese momento, describió una serie de medidas que considera represalias: le retiraron su cargo de coordinación, incrementaron su carga de trabajo y, finalmente, fue notificada de un cambio de adscripción fuera de Morelia.

“El 15 de diciembre en la tarde me mandan el oficio; el cambio era a partir del día 18, prácticamente sin tiempo para organizar la entrega y recepción”, relató.

Ya en su nueva adscripción, en Uruapan, aseguró que las condiciones laborales empeoraron.

“Me entregaron 12 asuntos y, cuando regresé de vacaciones, me duplicaron la carga a 25 asuntos”, dijo, además de denunciar que no recibió expedientes completos ni apoyos para viáticos, pese a que el traslado implicó gastos adicionales.

La defensora presentó escritos dirigidos al subdirector y otras instancias internas para denunciar lo que calificó como violencia laboral.

“Les pedí que cesara esta violencia que están ejerciendo en mi contra”, señaló. Sin embargo, hasta ahora no ha recibido respuestas de fondo.

En su relato, detalló que su caso forma parte de un patrón más amplio dentro del director del Instituto.

“Las únicas que han renunciado son compañeras mujeres”, afirmó, al referir que al menos dos defensoras dejaron el cargo tras cambios de materia jurídica que afectaron su estabilidad laboral.

También mencionó casos de vigilancia excesiva y negativas de permisos para atender situaciones familiares.

“Pareciera que a las mujeres sí nos están mandando fuera”, agregó.

Aseguró que no existe antecedente administrativo que justifique su traslado.

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“Mi expediente está limpio, no hay quejas en mi contra”, dijo, y añadió que incluso usuarios del servicio manifestaron inconformidad al enterarse de su cambio, pues solicitaban que continuara llevando sus asuntos.

La denunciante informó que ha presentado quejas formales ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, así como ante la Secretaría de Gobierno.

Mientras espera una resolución, expresó temor a nuevas represalias.

“Levanto la voz y la respuesta es más carga de trabajo”, advirtió, por lo que solicitó que su identidad se maneje con reserva ante el riesgo de nuevos cambios de adscripción o afectaciones a su integridad laboral.