Brujas Riot

El choque de la precariedad en las calles

Columna de Karina Ruiz

Lo ocurrido recientemente en Morelia con la manifestación de la comunidad de Arantepacua no puede leerse simplemente como un episodio más de «caos vial» o «vandalismo». Es, en el fondo, la puesta en escena de una tragedia política donde los protagonistas son siempre los mismos: cuerpos puestos al límite, utilizados como herramientas de choque por estructuras que rara vez se ensucian las manos.

Para entender la violencia en la protesta, es útil retomar a Tarrow; es necesario recordar que la protesta no es un arranque de ira irracional, sino un lenguaje; no es un evento aislado, sino un síntoma de una memoria herida que, ante la falta de justicia institucional.

Los movimientos sociales no operan en el vacío, sino a través de un «repertorio de confrontación» (Tarrow, 1994). Cuando la justicia se vuelve un laberinto burocrático y el diálogo institucional se convierte en una simulación, el repertorio de protesta (lucha) se expande. La violencia en la protesta a menudo aparece cuando el «costo de la inacción» supera al riesgo de la confrontación.

Para comunidades con heridas abiertas y memorias de represión (como Areantepacua, comunidad que vivió una masacre en 2017 a manos del Estado) la protesta disruptiva no es un fin, sino el único lenguaje que parece obligar al poder a escuchar. La «legitimidad» de la protesta, entonces, deja de ser una cuestión legal para convertirse en una cuestión de supervivencia simbólica. La legitimidad de la protesta no se mide solo por la legalidad, sino por la necesidad de visibilidad.

Por tanto la innovación en estos repertorios de protesta suele ocurrir precisamente en los márgenes, donde el Estado ha fallado en sus promesas básicas.

La pregunta más dolorosa de estas jornadas es ¿quién pone realmente el cuerpo? En la primera línea no están los tomadores de decisiones ni los arquitectos de las políticas públicas. Ahí, en el asfalto, lo que vemos es el choque de dos formas de precariedad.

Por un lado, el cuerpo civil manifestante, cuerpos históricamente vulnerados que usan su presencia física como último recurso de denuncia; La protesta es el acto último de soberanía sobre el propio cuerpo, es usado como escudo y como mensaje. 

Por otro lado, la policía civil; hombres y mujeres que, en su mayoría, provienen de los mismos estratos socioeconómicos y carencias que quienes protestan; quienes son en esencia clase trabajadora armada contra su propia clase, convertidos en la «mano armada del Estado», pero bajo condiciones que los deshumanizan.

El Estado utiliza estos cuerpos como una zona de amortiguamiento. Al desplegar a policías también precarizados, el poder político se distancia del conflicto físico.

Para la estructura de poder, estos individuos son piezas intercambiables. El policía no es visto como un ciudadano con derechos, sino como una función represiva; el manifestante no es visto como una voz política, sino como un obstáculo al «orden público».

Hay algo que me causa mucho conflicto y lo pienso mucho, la idea de los cuerpos de segunda mano ¿Qué vidas son las que importan? Al respecto Butler hace un profundo análisis en su libro Marcos de guerra: Las vidas lloradas. 

¿Qué vidas importa, qué cuerpos importan? El Estado suele utilizar a sus fuerzas de seguridad como una zona de sacrificio. Al desplegar a elementos igualmente precarizados frente a una masa enardecida, el poder político crea un amortiguador humano. Si hay violencia, el discurso oficial la reduce, ocultando la responsabilidad de quienes dieron las órdenes o, peor aún, de quienes omitieron la justicia que originó el conflicto.

Para el sistema, estos cuerpos son intercambiables, desechables y, por tanto, «de segunda». Mientras la sangre y los golpes quedan en el nivel de la calle (la violencia física suele quedar contenida en esa franja de precaridad), mientras que los responsables de las políticas que originaron el descontento (o de las órdenes de represión) observan desde la distancia de sus oficinas, protegidos por la misma carne que desprecian, sin poner su propia integridad física en juego. Es la materialización de una jerarquía donde la vulnerabilidad se distribuye de forma desigual.

Es una lectura cruda, pero necesaria para entender por qué la paz social no se construye con toletes, sino con la reparación de esas memorias que hoy volvieron a estallar en las calles de Morelia.

Mientras no entendamos que la violencia en la protesta es el síntoma de una deuda de justicia, seguiremos asistiendo a este espectáculo de canibalismo social. Morelia hoy fue el escenario de un choque donde nadie gana, porque cuando el Estado utiliza cuerpos precarizados para silenciar a cuerpos heridos, lo que se fractura no es solo el orden público, sino la dignidad misma de nuestra sociedad.