Brujas Riot

Violencia contra mujeres indígenas en México; 3 asesinadas y 75 agresiones

Carla Arce Ramos

Morelia, Michoacán.- Ser mujer, indígena y defensora de derechos humanos en México conlleva un riesgo letal de acuerdo con el más reciente reporte difundido en el marco de la campaña de los «16 Días de Activismo contra la Violencia de Género«, el cual documenta una ola de violencia que cobró la vida de tres activistas y dejó decenas de agresiones en el periodo comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.

El informe revela cifras alarmantes, ya que se registraron 75 agresiones contra 23 defensoras indígenas en el país durante el periodo señalado.

Sin embargo, el dato más doloroso es el asesinato de tres mujeres que dedicaron su vida a la lucha social:

• Adriana y Virginia Ortiz García: Defensoras triquis del derecho a la verdad y la justicia, asesinadas el pasado 5 de noviembre de 2024 en Oaxaca.

• Sandra Estefana Domínguez Martínez: Abogada ayuujk y defensora de los derechos de las mujeres. Fue reportada como desaparecida el 4 de octubre de 2024 y, trágicamente, hallada sin vida el 24 de abril de 2025 en Veracruz.

El análisis geográfico de la violencia señala una concentración preocupante en el sur del país, ya que casi la mitad de las agresiones, esto es, el 45 por ciento, ocurrieron en Oaxaca, seguido por el estado de Querétaro, que concentró el 32 por ciento de los incidentes.

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Dentro de Oaxaca, se destacó una agresión colectiva contra 8 defensoras de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, evidenciando que la violencia no es solo individual, sino que busca desarticular movimientos comunitarios enteros.

¿Quiénes agreden y cómo?

El reporte arroja luz sobre un patrón inquietante: La participación directa del Estado en la violencia.

Al desglosar a los perpetradores, las cifras muestran una fuerte implicación institucional:

• 28 por ciento fueron cometidos por autoridades.
• 28 por ciento por policías estatales y municipales.
• 29 por ciento por desconocidos.

Las formas de violencia más recurrentes buscan desgastar y criminalizar a las activistas.

El 11 por ciento de los casos corresponde al inicio de causas penales o administrativas injustificadas, es decir, judicialización, seguido por un 10 por ciento de vigilancia y acecho en su vida cotidiana, y un 8 por ciento de violencia verbal.

Estas mujeres son atacadas por defender derechos fundamentales, dado que, según el registro, el 30 por ciento de las agresiones se dirigieron contra quienes exigen verdad, justicia y reparación; el 21 por ciento contra defensoras de derechos laborales, y el 20 por ciento contra quienes luchan por una vida libre de violencia para las mujeres.

Ante este panorama, las organizaciones y colectivos exigen un alto inmediato a la criminalización y persecución judicial. Entre sus demandas principales se encuentran:

• Protección integral con enfoque indígena.
• Investigación efectiva y castigo a los responsables de los asesinatos y agresiones.
• Reconocimiento de la labor de las defensoras indígenas como esencial para la democracia.

Lo más alarmante del reporte es la participación directa del Estado que rompe con la idea del Estado como un ente protector («padre benevolente») y lo revela como un agente patriarcal represor.

Que el 56 por ciento, es decir, 28 por ciento autoridades y 28 por ciento policías, de las agresiones provengan de quienes detentan el monopolio de la fuerza, confirma que, para las activistas, el Estado es el principal riesgo.

No es una «falla» del sistema; el sistema está funcionando para protegerse a sí mismo de las voces críticas femeninas.

La implicación policial indica un uso de la fuerza física y la intimidación para recordar a las mujeres «su lugar».

Es una violencia vertical, de arriba hacia abajo, diseñada para restaurar el orden jerárquico tradicional.

El 11 por ciento de casos de causas penales injustificadas revela una táctica sofisticada: el uso de la ley como herramienta de violencia.

Al abrir causas penales, el sistema no solo busca encarcelar, sino deslegitimar.

Se tacha a la activista de «delincuente», «revoltosa» o «mala ciudadana/madre», atacando su reputación moral, un activo vital para cualquier mujer en la esfera pública.

Iniciar procesos legales obliga a las activistas a invertir tiempo, dinero y energía emocional en defenderse.

Esto se suma a su labor de activismo y a las tareas de cuidados que socialmente se les asignan, buscando provocar un colapso físico y mental.

El dato del 10 por ciento de vigilancia y acecho, y el 8 por ciento de violencia verbal tienen una lectura de género muy específica:

• Históricamente, se relegó a la mujer a lo privado (el hogar) y al hombre a lo público (la política). Cuando las mujeres toman el espacio público, la respuesta patriarcal es perseguirlas hasta su espacio privado (vigilancia en su vida cotidiana). El mensaje es: «No estás segura en ningún lado».

El acecho no busca necesariamente el daño físico inmediato, sino instalar el miedo permanente. Es una forma de control sobre el cuerpo y la psique de la mujer, limitando su libertad de movimiento y autonomía.

Ese 29 por ciento de perpetradores desconocidos no debe leerse como «delincuencia común». Desde una crítica feminista, esto suele señalar:

• La falta de identificación protege a los agresores.

A menudo, estos «desconocidos» actúan con la aquiescencia del Estado para realizar el «trabajo sucio» de intimidación sin dejar huella institucional directa.

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El reporte evidencia que la violencia contra las activistas no es accidental ni producto de «manzanas podridas», es una violencia política y sexista sistematizada.

Las agresiones judiciales, físicas y psicológicas tienen un objetivo claro: despolitizar a las mujeres. Buscan agotarlas emocional y financieramente para que abandonen la lucha y regresen al silencio.

La alta participación estatal confirma que defender derechos humanos siendo mujer es considerado, por el poder establecido, un acto de insubordinación que debe ser castigado.