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Patrimonio en renta: El clasismo detrás del “respeto” a la historia

Carla Daniela Arce Ramos

Morelia, Michoacán.- Parece que en México el patrimonio histórico tiene un precio de entrada, pero no es el de la taquilla de 95 pesos, es uno mucho más elevado, reservado para quienes pueden pagar la exclusividad de convertir un recinto sagrado en su set de Instagram o en el patio de juegos de su marca de lujo.

Mientras la narrativa oficial y la sociedad más conservadora se rasgan las vestiduras ante un grafiti, guardan un silencio cómplice cuando el dinero entra por la puerta de la sacristía.

Recientemente hemos visto cómo la Pinacoteca de San Agustín se transforma en pasarela para modelos y fotógrafos, despojando al espacio de su solemnidad para convertirlo en un accesorio estético.

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Pero el punto máximo del absurdo llegó con las imágenes de Bad Bunny recorriendo el Museo Nacional de Antropología, tocando piezas que para cualquier mortal están protegidas por vitrinas, alarmas y el grito de «¡no se acerque!» de un custodio.

¿Cuál es la diferencia entre el dedo de una superestrella sobre una pieza arqueológica y el aerosol de una manifestante? La factura.

Para el Estado y las élites, el patrimonio no es un legado vivo, sino un activo inmobiliario.

Si el uso del espacio genera «clout» o billetes, el riesgo de deterioro se vuelve mágicamente aceptable, en cambio, si el espacio es intervenido para exigir justicia, se le llama «barbarie».

Iconoclastia vs. Vandalismo: El peso del mensaje

Es aquí donde la hipocresía alcanza niveles quirúrgicos. Cuando las colectivas feministas intervienen monumentos, la respuesta social es inmediata: «esas no son formas», «las piedras no tienen la culpa».

Se ignora deliberadamente que lo que ocurre es iconoclastia: la destrucción o intervención de símbolos para cuestionar un sistema opresor.

Es un grito desesperado en un país con diez feminicidios al día.

Sin embargo, para la clase política y la sociedad «de bien», es más ofensivo un nombre pintado con morado en la base de una estatua que el hecho de que esa misma estatua sirva de fondo para una fiesta privada de una marca de champán.

El grafiti se sataniza como una marca de decadencia social, pero la explotación comercial del patrimonio se vende como «promoción cultural».

La realidad es cruda: Un grafiti se limpia con solvente; la privatización simbólica del patrimonio erosiona la identidad de un pueblo.

La clase gobernante juega un doble papel asqueroso: Por un lado, presumen la «grandeza de nuestras raíces» en discursos patrióticos; por el otro, permiten que esas raíces sean pisoteadas por quienes tienen el capital para rentarlas.

Para el grafitero de barrio o la activista, hay código penal y linchamiento mediático. Para el fotógrafo de moda y el reggaetonero, hay alfombra roja y permisos especiales.

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Estamos ante una gestión patrimonial clasista que dicta que el respeto a la historia es obligatorio solo para quienes no tienen los recursos para comprarla.

Si el patrimonio es de todos, ¿por qué solo unos cuantos pueden usarlo como sala de estar?

Si nos va a indignar la «profanación» de nuestros espacios culturales, que la indignación sea pareja, que nos moleste tanto la pinta en la pared como el descaro de convertir un museo en un salón de fiestas para la élite, de lo contrario, admitamos la verdad: lo que les molesta no es el daño al patrimonio, sino que el pueblo se atreva a tocar lo que ellos consideran su propiedad privada.