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Reducción del aborto a 6 semanas: La SCJN perfila anular la reforma de Aguascalientes avalada por Morena y el PAN

Por Elizabeth Legarreta

El inicio del año judicial 2026 traerá a la mesa del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un expediente que no solo es jurídico, sino profundamente político y revelador. La Corte perfila iniciar el 2026 discutiendo la anulación de la polémica reforma que impuso una reducción del aborto a 6 semanas en el estado de Aguascalientes. Esta medida, aprobada en agosto de 2024, representa uno de los retrocesos más graves en materia de derechos reproductivos en la historia reciente del país, al imponer un plazo tan corto que, en la práctica, funciona como una prohibición total disfrazada de regulación.

Pero lo que hace que este caso sea un escándalo nacional no es solo el conservadurismo de la iniciativa, sino quiénes la hicieron posible. Mientras la narrativa oficial del gobierno federal celebra una supuesta «transformación feminista», los hechos en Aguascalientes demuestran que, cuando nadie mira, la izquierda partidista está dispuesta a pactar con la ultraderecha para controlar los cuerpos de las mujeres.

La anatomía de la traición: Agosto de 2024

Para entender la magnitud de lo que la Corte está por corregir, debemos rebobinar la cinta hasta el 28 de agosto de 2024. Ese día, en una sesión que activistas y observadores calificaron de vergonzosa, el Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma al Código Penal local para reducir el límite legal del aborto voluntario de 12 a solo 6 semanas de gestación.

La iniciativa no surgió del vacío. Fue impulsada en el contexto de una agenda conservadora promovida por la gobernadora panista Tere Jiménez, quien paralelamente empujó una «Ley de Protección a la Vida». Sin embargo, para que esta reforma regresiva pasara, el PAN necesitaba aliados. Y los encontró en el lugar menos esperado: legisladores que, en teoría, deberían defender la progresividad de derechos.

La votación fue un acto de malabarismo político. Aunque la iniciativa llevaba el sello azul, se aprobó con mayoría de votos gracias a un bloque que no opuso la resistencia necesaria. Los legisladores de oposición, incluyendo a la bancada de Morena, permitieron que el dictamen avanzara. En un estado donde la «izquierda» suele alinearse con el conservadurismo local, la reducción del aborto a 6 semanas pasó sin el freno que se esperaría de un partido que a nivel nacional presume ser pro-derechos. El silencio y la inacción también son votos a favor de la injusticia.

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La trampa de las 6 semanas: Una prohibición de facto

La reducción del aborto a 6 semanas no es un tema menor de «plazos»; es una estrategia deliberada para impedir el acceso al derecho. Médicamente, seis semanas de gestación se cuentan desde el primer día del último periodo menstrual. Esto significa que, para cuando una mujer tiene un retraso menstrual y sospecha que podría estar embarazada, a menudo ya ha superado o está a punto de superar ese límite.

Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch advirtieron desde el primer momento que esta reforma viola los derechos humanos internacionales. Al reducir el tiempo de 12 a 6 semanas, el Congreso de Aguascalientes creó una barrera temporal casi insuperable para la mayoría de las mujeres, especialmente aquellas en situación de pobreza, con ciclos irregulares o que viven en zonas rurales con poco acceso a pruebas de embarazo rápidas.

Esta táctica es una copia calca de las estrategias impulsadas por los sectores más reaccionarios: no prohíben el aborto explícitamente en el texto para evitar un choque frontal inmediato con la jurisprudencia federal, pero lo hacen impracticable en la realidad, forzando a las mujeres a la maternidad no deseada o a la clandestinidad insegura.

Hipocresía política: La izquierda que reza y legisla como derecha

El caso de Aguascalientes desnuda la esquizofrenia política de la 4T. Mientras en el estado se consumaba el retroceso, a nivel federal las figuras del partido intentaban controlar los daños mediáticos. La diputada y referente jurídica, Olga Sánchez Cordero, salió públicamente a condenar la reforma, calificándola de «retroceso» y exigiendo que se garantizara el aborto hasta la semana 12, tal como lo marca el estándar de derechos humanos.

Sin embargo, las palabras no borran los hechos legislativos locales. La realidad es que el partido en el poder permitió que en estados como Aguascalientes se operara con una autonomía ideológica peligrosa, donde los derechos humanos se convirtieron en moneda de cambio para negociaciones políticas. Esta «izquierda guadalupana» demostró que está dispuesta a sacrificar la autonomía de las mujeres si eso les garantiza gobernabilidad o alianzas con los poderes fácticos conservadores del estado.

El papel de la Corte en 2026: Corregir la plana

Ahora, la responsabilidad recae nuevamente en el Poder Judicial. El proyecto que se discute en la SCJN plantea invalidar esta reforma por considerarla inconstitucional. La Corte ha establecido jurisprudencia clara: las entidades federativas no pueden establecer plazos que hagan nugatorio (imposible) el ejercicio de un derecho humano.

La anulación de la reducción del aborto a 6 semanas en Aguascalientes no será solo una victoria jurídica; será la confirmación de que los congresos locales, avalados por pactos entre el PAN y sectores de Morena, están legislando en contra de la Constitución. La Corte tendrá que hacer el trabajo sucio de limpiar las leyes que los políticos, por convicción religiosa o conveniencia electoral, ensuciaron.

En conclusión, este episodio debe quedar en la memoria colectiva. La defensa de los derechos reproductivos no tiene partido garantizado. Si la supuesta «izquierda» permite que se legisle como derecha y se aprueben restricciones medievales, entonces la ciudadanía tiene el deber de señalarlos como lo que son: conservadores con chaleco guinda.

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