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4T y el deterioro del derecho a la información en México, en 2024

Retrocesos en transparencia, vigilancia digital, violencia contra la prensa, memoria histórica e instituciones de justicia, con datos que muestran mayor impunidad

Benjamín Álvarez

Morelia, Michoacán.- La libertad de expresión y el acceso a la información en México enfrentaron, en 2024, un escenario adverso marcado por decisiones institucionales, violencia persistente y debilitamiento de contrapesos, de acuerdo con el informe “Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información”, elaborado por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.

El documento de Artículo 19 identifica cinco barreras estructurales que inciden de forma directa en la rendición de cuentas.

La primera es el “apagón de la transparencia”, asociado a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Aunque la medida se justificó como una acción de austeridad y combate a la corrupción, el informe advierte que la transferencia de funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno fragmenta el modelo de transparencia y elimina un órgano autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información.

Artículo 19 subraya que la Plataforma Nacional de Transparencia, que concentraba al cierre de 2024 alrededor de 14 mil millones de archivos y solicitudes, vinculadas con más de 75 temas y 723 sujetos obligados federales, enfrenta riesgos de continuidad ante la falta de una instancia independiente que asegure su operación y actualización.

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Segunda barrera: El Estado digital y la vigilancia

El informe señala que la digitalización gubernamental, promovida como sinónimo de eficiencia, ha generado exclusión y fallas técnicas.

Entre los ejemplos se mencionan los problemas de CompraNet y deficiencias en plataformas usadas para la logística de vacunación.

Además, Artículo 19 documenta la adquisición de tecnologías de vigilancia y recolección de datos biométricos por instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de la República (FGR), sin controles claros, lo que compromete la privacidad y otros derechos fundamentales.

Tercera barrera: Violencia contra la prensa

Durante 2024 se documentaron 639 agresiones contra periodistas, lo que representó un incremento de 13.9 por ciento respecto al año anterior.

En el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros meses del de Claudia Sheinbaum fueron asesinados cinco periodistas.

Las entidades con mayor número de agresiones fueron Ciudad de México; Guerrero; Veracruz; Puebla y Guanajuato, que concentraron 51 por ciento de los casos registrados, mientras que las autoridades públicas aparecieron como responsables en casi 45 por ciento de las agresiones.

En materia de justicia, el informe señala que sólo uno de cada tres periodistas agredidos presentó una denuncia.

La desconfianza se refleja en los resultados: en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), 84.77 por ciento de los casos permanece en la impunidad.

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Cuarta barrera: Transición al olvido

Artículo 19 advierte que, pese a reconocimientos simbólicos de violaciones históricas, persisten omisiones en el esclarecimiento de crímenes del pasado y del presente.

En México continúan más de 124 mil personas desaparecidas y más de 72 mil cuerpos sin identificar en instalaciones forenses.

El informe documenta un trato desigual a los hallazgos de comisiones de la verdad cuando estos implican responsabilidades de las Fuerzas Armadas.

Quinta barrera: Incertidumbre institucional

En 2024, la FEADLE contó con un presupuesto de 18.6 millones de pesos, menos del 0.1 por ciento del total de la Fiscalía General de la República (FGR), y sólo inició 84 investigaciones.

El gasto federal en derechos humanos, protección de víctimas y acceso a la justicia representó 1.5 por ciento del presupuesto, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional recibió 2.5 veces más recursos que el conjunto de instituciones de justicia y atención a víctimas.

Además, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas enfrentó un recorte de 4.27 por ciento para 2025.

El informe de Artículo 19 concluye que estas cinco barreras configuran una crisis informativa con efectos acumulativos: menor transparencia, mayor riesgo para la prensa, debilitamiento del derecho a la verdad y concentración de poder, lo que plantea retos directos para la calidad democrática del país.