Hermano de Arquímides Oseguera, detenido por FGR, confirma Bedolla
Alfredo Ramírez Bedolla afirmó no contar con información detallada de la detención de Antonio Oseguera Solorio
Benjamín Álvarez
Morelia, Michoacán.– El gobierno de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó la detención de Antonio Oseguera Solorio, hermano de Arquímedes Oseguera, exalcalde de Lázaro Cárdenas y actual vocal ejecutivo del Cedemun, aprehendido por la Fiscalía General de la República (FGR), por presunta extracción ilegal de minerales.
Pese a que el caso involucra a una figura cercana a un funcionario estatal en activo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla detalló que la administración local carece de información sustantiva sobre el operativo federal.
Durante su conferencia semanal, el mandatario confirmó que únicamente conocen la intervención de la autoridad federal.
Cuestionado sobre el tema, Ramírez Bedolla declaró: “Sólo tenemos información de que fue una acción de la FGR”.
Aclaro que el gobierno estatal no ha recibido informes detallados sobre el procedimiento, los cargos exactos o las circunstancias que llevaron a la detención del hermano del actual vocal de Cedemun.
Ramírez Bedolla añadió que la administración ya inició solicitudes formales para obtener datos adicionales.
“Estamos nosotros también pidiendo alguna información, indagando al respecto”, dijo.
Sin embargo, no precisó si la Fiscalía General de la República (FGR) ha respondido o si existe un canal de comunicación activo entre ambas instancias para abordar el caso o para coordinar acciones relacionadas con el trasiego ilegal de mineral en Michoacán.
Tampoco explicó si el gobierno del estado contempla reforzar la vigilancia en zonas con reportes recurrentes de explotación irregular, particularmente en el corredor costa-sierra de Michoacán, donde autoridades federales han documentado durante años actividades de extracción clandestina vinculadas a organizaciones criminales.
La región ha sido señalada por el gobierno federal como un punto estratégico para el tráfico de hierro hacia mercados internacionales, lo que a su vez ha generado disputas entre grupos delictivos locales y operadores logísticos.
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Sobre las implicaciones administrativas de la captura, Ramírez Bedolla evitó pronunciarse respecto a la permanencia de Arquímedes Oseguera Solorio en la vocalía ejecutiva del Cedemun.
Tampoco indicó si habrá una revisión interna motivada por el parentesco con el detenido o por los antecedentes que han rodeado a la familia.
Su respuesta se limitó a enfatizar nuevamente que el procedimiento federal no corresponde al ámbito estatal y reiteró que el caso “es una acción de la FGR”.
La detención de Antonio Oseguera Solorio revivió episodios anteriores que involucraron a su hermano Arquímedes, quien en 2014 fue arrestado cuando fungía como presidente municipal de Lázaro Cárdenas.
En aquel entonces se difundió un video en el que aparecía reunido con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder del cártel de Los Caballeros Templarios.
Años después, Arquímides Oseguera Solorio fue liberado y actualmente ocupa un cargo dentro de la estructura del gobierno de Michoacán.
La detención ocurre mientras la FGR sostiene diversas investigaciones contra la minería ilegal en la región.
La extracción clandestina de hierro ha sido una de las principales preocupaciones de seguridad nacional, debido a su relación directa con el financiamiento de estructuras criminales que operan entre Michoacán y Colima.
La FGR, junto con fuerzas federales, ha emprendido operativos contra grupos dedicados al acopio y exportación ilícita del mineral, aunque los mecanismos exactos de su más reciente intervención no han sido expuestos públicamente.
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Hasta el momento, la FGR no ha divulgado información sobre los otros delitos que se imputen formalmente a Antonio Oseguera Solorio ni detalles sobre su situación jurídica.
Tampoco se han informado aseguramientos derivados del operativo, cateos o incautaciones relacionadas con el presunto tráfico de mineral.
La falta de datos mantiene abiertas múltiples preguntas sobre las posibles repercusiones administrativas o políticas que podría generar al interior del gobierno de Michoacán.
Mientras tanto, la postura del Ejecutivo estatal, centrada en remarcar su desconocimiento y en subrayar la naturaleza federal de la intervención, deja por ahora sin claridad el nivel de coordinación entre autoridades locales y la FGR en materia de combate a la minería ilegal, uno de los delitos de mayor impacto en la región.
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