Columna de Karina Ruíz
Respecto al 25N (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres), es importante abordarlo desde el contexto en el que se habla ¿y de qué se habla cuando estamos en Michoacán? Partir de una mirada crítica, situándonos en nuestra territoriedad va a ser de suma importancia.
Michoacán es un Estado rico en cultura, en ganadería y agricultura, pero que también ha sido fuertemente lastimado por los estragos de la violencia en todas sus expresiones y dimensiones. Las personas nacidas después del 2006 han visto durante toda su vida al ejercito en las calles; cuando es bien sabido, la labor del ejercito no es el de la seguridad ciudadana.
Los recientes hechos ocurridos en el Estado, han traído consigo un reforzamiento en la “política de seguridad” lo cuál atrae consigo un alto aumento en la militarización y mirada punitiva del Estado, pero ¿es esta la solución a la violencia?
La respuesta corta es NO.
Muchas personas estarán en desacuerdo con mi respuesta, pero es importante partir de diversos análisis que permiten decir que aumentar penas, encarcelar más, usar la fuerza del Estado, «limpiar» el espacio público de quienes parecen problemáticos, trae consigo diversos problemas.
En primera instancia vamos a ver que se criminaliza la pobreza porque son las personas en situación de calle, jóvenes de barrios populares, mujeres que ejercen trabajo sexual, migrantes o indígenas quienes suelen ser los cuerpos más vigilados.
No da una garantía procesal, sino por el contrario, aumenta la violencia institucional bajo la excusa del «combate al crimen» legitima abusos policiales, desapariciones forzadas, tortura, cateos ilegales o detenciones sin orden judicial; siendo las mujeres, personas trans, afromexicanas e indígenas las mayormente afectadas porque enfrentan además violencia sexual y humillación institucional.
La militarización y la mirada punitivista también reproduce desigualdades de género y clase debido a que el sistema penal carga sobre las mujeres el rol de cuidado de hombres encarcelados; del mismo modo las mujeres privadas de la libertad suelen tener historias previas de violencia, pobreza extrema y falta de redes; el punitivismo las castiga por sobrevivir.
Aumentar penas en diversos delitos constituye más bien en una práctica de popularidad política que una estrategia de pacificación o de poner a la gente marginada al centro y dejar la guerra ¿por qué? Es sencillo, la mirada punitiva invierte recursos en castigar, no en prevenir; por tanto, no atiende las causas estructurales que lleva a una persona a cometer una conducta considerada “antisocial”.
Sumado a lo anterior la visión punitiva perpetúa el ciclo: vulnerabilidad, criminalización, igual a mayor vulnerabilidad.
Producir «enemigos públicos» usando una retórica militarizante (contra el narco, contra el crimen, contra los «antisociales») convierte a personas pobres en amenazas, porque legitima el uso de la fuerza letal, aumenta la estigmatización y debilita la empatía social.
Acompañar la punitividad al uso de la fuerza armada no es un gesto inocente, es una clara demostración de poder sobre el pueblo, poniendo nuevamente a Michoacán como carne de cañón, y territorio de experimentos de “política de seguridad” sin atender las causas fundamentales que afectan el tejido social.
Dejar la guerra y poner a las personas vulneradas al centro no debe de ser un discurso «apostarle al bienestar» y «recuperar la paz», sin estrategias reales, es eso, solo simulación.
Se debe de eliminar la lógica bélica que tiene al Estado sumido en una crisis de violencia que afecta de manera desproporcional a las mujeres.
La persistencia del enfoque militarizado trae consigo una lógica que aborda la seguridad desde la idea del enemigo interno, no desde la prevención social; la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina siguen operando en amplias zonas del estado, manteniendo operativos de «pacificación», sin generar resultados claros sobre la situación real de seguridad.
El discurso del «bienestar» no alcanza para las causas estructurales; aunque existen programas sociales, que dicho esta de más, son muy necesarios; estos no transforman las condiciones que generan vulnerabilidad, como falta de empleo digno, falta de garantía en el acceso a una jornada laboral de 40 horas, desplazamiento forzado, reclutamiento de adolescentes por crimen organizado, violencia contra mujeres y extorsión generalizada.
La atención se queda en paliar, no en transformar.
Las comunidades marginadas siguen expuestas a múltiples violencias, como la violencia criminal (cobros de piso, control territorial, reclutamiento), violencia estatal (marinos y GN en comunidades, cateos, retenes, uso excesivo de fuerza), violencia económica (despojo de tierras, megaproyectos, migración forzada). El enfoque sigue siendo reactivo.
Se responde a crisis con operativos y discursos de control, no con infraestructura; la política de seguridad debe incorporar la perspectiva de género, se debe de generar una política integral para atender violencia feminicida o desapariciones desde la raíz comunitaria.
La mirada punitivista militarizante no abona a la paz. La población vulnerable sigue entre dos fuegos: el crimen y el Estado.
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