Brujas Riot

8M, 11 Mujeres Asesinadas a 17 años del Campo Algodonero.

Norma Andrade exige justicia para su hija Alejandra y otros casos pendientes del Campo algodonero.
Dalia González Ruiz
MORELIA, MICHOACÁN. — A 17 años de la histórica sentencia del «Campo Algodonero», el panorama para las mujeres en México no ha mejorado; ha mutado en una cifra más cruel. Mientras en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) evidenciaba el asesinato de 6 mujeres al día, hoy, en pleno 2026, la cifra ha escalado a 11 víctimas diarias.
Para Norma Andrade, madre de Alejandra García Andrade y fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, las sentencias internacionales no son trofeos de vitrina, sino herramientas de una lucha que aún no le entrega lo único que daría paz a su proceso: los asesinos de su hija en la cárcel.
La falacia del ADN y la lucha contra la indolencia
Frente a las posturas oficiales que sugieren una «negación» por parte de la activista, Andrade es contundente. La carpeta de investigación cuenta con tres pruebas de ADN que el Estado se niega a judicializar con rigor científico y transparencia.
«No soy bruta», afirma Andrade con la claridad de quien ha estudiado su propio expediente por décadas. «La sentencia 246 obliga al Estado Mexicano a realizar las pruebas con un tercero independiente. Me tienen que entregar a los culpables con pruebas sólidas para que se pueda cerrar la carpeta».
La activista denunció que la única prueba que ha avanzado apunta a un familiar de la propia Fiscalía de Chihuahua, revelando la red de protección e impunidad que sostiene el sistema.
La orfandad: El rostro invisible del feminicidio
Un punto de inflexión en su lucha ocurrió hace 14 años, tras sufrir un atentado que la obligó al desplazamiento forzado. Fue entonces cuando la dimensión de la tragedia se expandió: ¿quién cuida a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas?
Norma se cuestionó hasta los atentados en las víctimas directas del feminicidio los niños y niñas huerfanos, por lo que desde ese momento ha instado y visibilizado la importancia de que el estado garantice la seguridad y la vida digna de los menores, desde la experiencia del dolor por los «huérfanos del feminicidio». Denuncia que el Estado se mantiene ausente para estos niños y niñas, quienes quedan en un limbo legal y económico. Su exigencia es clara: las instituciones que atienden a la infancia deben contar con un presupuesto específico y una legislación que reconozca la situación de vulnerabilidad de quienes pierden a sus madres por la violencia feminicida.

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Un historial de violencia institucional
El camino hacia la reciente sentencia del «Caso García Andrade y otros vs. México» (22 de agosto de 2025) ha estado pavimentado de agresiones directas por parte del Estado hacia Norma:
Criminalización: Fue detenida bajo el pretexto de no recoger a tiempo un expediente de su hija.
Violencia económica: Retención de su sueldo por seis meses.
Ataque a la familia: Tras la muerte de su esposo, el Estado intentó quitarle la custodia de sus nietos, negándoles los derechos sociales que les correspondían.
Inseguridad: Dos atentados contra su vida y un desplazamiento a la Ciudad de México donde, de nueva cuenta, la protección fue inexistente.

El sustento jurídico: Una condena por omisión y tortura

La gravedad del caso no solo reside en el testimonio de Norma, sino en el reconocimiento explícito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 28 de diciembre de 2023 sometió formalmente a México a su jurisdicción por el caso “Lilia Alejandra García Andrade y otras”. La sentencia es demoledora: el Estado Mexicano es declarado responsable no solo por la desaparición y hallazgo sin vida de Alejandra en 2001, sino por la violación al deber de prevenir la tortura (artículos 1, 6 y 8 de la CIPST) y la falta de debida diligencia.

La Corte destaca que el impacto de este crimen se extendió a Norma y a los hijos de Alejandra, violando su derecho a la integridad personal y a la protección de la familia. Al no sancionar ni erradicar la violencia, el Estado incumplió con la Convención de Belém do Pará, convirtiendo la búsqueda de justicia en un calvario de amenazas y hostigamientos para quienes, como Norma, se negaron a guardar silencio.

Un Estado rebasado y sin empatía

A pesar de que se reconoce una mayor inversión presupuestal en los últimos años, Andrade señala que el dinero no ha comprado justicia. El personal de las fiscalías continúa sin compromiso y, lo que es más grave, la sociedad y los servidores públicos siguen careciendo de la empatía necesaria para aplicar las normativas existentes.
“En la audiencia de 2025 eran 10 y media mujeres al día; hoy en 2026 son 11”, sentencia Norma. El aumento de la violencia demuestra que, aunque existen leyes, el Estado sigue siendo rebasado por una estructura patriarcal que se niega a garantizar la vida de las mujeres.